San Ignacio desconoce a ciencia cierta el número de contagiados y de fallecidos porque los datos no refleja la verdadera realidad.
Colaboración: Gina Mendía
Con signos de desesperación, los habitantes clamaron al presidente del Concejo Municipal, Roly Franco, que el municipio encare con responsabilidad y coherencia la crisis sanitaria que agobia a un pueblo jesuítico, apegado por más de dos siglos a la fe católica.
Pero no solo es la bocina de la ambulancia la que rompe el silencio tétrico de las rutas desiertas, sino también es el dolor de los familiares que estallan en llantos incontrolables ante la pérdida de sus seres queridos.
Al alarido de los perros ambulantes que presagian la muerte de los ignacianos, se suma al ajetreo de médicos, enfermeras y camilleros que de un hospital a otro corren requiriendo oxígeno o algún medicamento que pueda aliviar la agonía de los moribundos.
Y no es que el personal médico no pueda salvar a los contagiados en etapa leve o severa -de un pueblo querendón, de sonrisa amplia y espíritu talentoso-, es que se encuentra atado de pies y manos porque no cuenta con los medios necesarios.
En la reunión que sostuvieron los sanitarios del hospital Julio Manuel Aramayo, algunos, con la voz quebrantada, advirtieron que la salud del pueblo corre peligro, a tiempo de exigir a las autoridades cumplan con los compromisos asumidos. El Dr Oscar Vaca enfatizó que con anticipación expusieron a las autoridades los requerimientos para advertir el desastre que ocasionaría el incumplimiento.
Hasta el 15 de mayo de 2020 parecía que San Ignacio estaba protegido con la gracia divina, porque no registraba un solo caso positivo. Empero, a partir de esa fecha, al parecer, la sangre preciosa de Cristo dejó de cubrir a sus pobladores para dar paso al destructor virus que hoy hace estragos por doquier. En un mes (hasta el 15 de junio) se registró 18 casos positivos y dos fallecidos.
Lo cierto es que el número no aumentaba, porque el hospital no realizaba las pruebas rápidas y las que enviaban a Santa Cruz demoraban una semana. Los pacientes no disponían de dinero para aplicarse la prueba, además debían comprar los remedios básicos para iniciar el tratamiento del Covid-19 por un costo de Bs 800.
El sábado precedente, doña Petrona Choré llevó a su sobrino accidentado al hospital Santa Isabel. Fue entonces que palpó la triste realidad sanitaria.
Comprobó la afluencia de enfermos que ingresaban a Emergencias con barbijos con manchas amarillas de tanto toser y otros que presentaban cuadros de fatiga intensa al no respirar. La ambulancia ‘descargaba’ a los pacientes, mientras otros lo hacían en sillas de rueda. También llegaban en taxi o en brazos de sus familiares por la gravedad que presentaban.
Aguardaban -angustiados y con los ojos hundidos- al médico de turno para ser atendidos, ante el temor de mujeres en estado de gravidez y otras con dolores de parto que se paseaban por la misma sala.
El planteamiento que elevaron los médicos al gobierno municipal solicitaba personal de salud, principalmente enfermeras que puedan apoyar el difícil y arriesgado trabajo que realizan. Al momento no existen postulantes. No hay interesados dispuestos a exponer la vida por un sueldo insignificante, que después de más de dos meses de trabajo lo perciben con descuentos de la prueba de Covid-19 a la que son sometidos.
El hospital ha colapsado de forma dramática. Un buen número de médicos se encuentra aislado en un hotel y sus colegas que aún trabajan se ven obligados a pedir donaciones para proporcionarles comida y algunos medicamentos -por lo menos una vez al día-, porque están abandonados a su suerte, informaron.
El estado de emergencia es preocupante en los dos hospitales de San Ignacio de Velasco. No hay una cama disponible para un pueblo de 70 mil habitantes. Los médicos exigen la habilitación de 70 camas en un espacio de atención de aislamiento y de recuperación para los contagiados. A la fecha nadie ha superado la batalla. Se sienten extremadamente preocupados y expresan estar a punto de tirar la toalla porque no disponen de un antibiótico. Las farmacias de los hospitales no cuentan con una ampolla, una jeringa ni una aspirina. No son dotadas de medicamentos porque el municipio adeuda en Santa Cruz a los laboratorios e importadoras. “No confían en el municipio ignaciano, porque incumple con sus deudas, asi como no paga nuestros sueldos”, manifestaron.
A esta carencia se registra el incremento del precio de los remedios en casi todas las farmacias del pueblo. Los galenos denunciaron que hay personas que compran en grandes cantidades los remedios tal vez para revenderlos y lucrar descaradamente con el flagelo de la peste. El precio de los medicamentos se ha triplicado, siendo inaccesible para las personas de escasos recursos que deben asumir el tratamiento del Covid. Las farmacias han caído en el juego de la oferta y la demanda, y como en tiempos de peste Bolivia es tierra de nadie, en San Ignacio de Velasco nadie controla el atentado inhumano. Bajo este fundamento, los médicos solicitaron que las farmacias bajen los precios y únicamente vendan los remedios con receta para el tratamiento del Covid-19.
El personal sanitario manifestó sentirse agobiado por la carga histórica que soporta cada vez que entrega un cadáver a sus familiares. Expresó impotencia ante la falta de un tubo de oxígeno, un respirador, un desinflamatorio y las pruebas rápidas del Covid-19. En este sentido, pidió que se apliquen las pruebas de forma gratuita para que los pacientes sean sometidos sin temor a pagar más de trescientos bolivianos. “¡Que la prueba sea gratis para que los contagiados no lleguen moribundos al hospital!”, declaró con vehemencia una enfermera emocionalmente destrozada.
San Ignacio desconoce a ciencia cierta el número de contagiados y de fallecidos porque los datos no refleja la verdadera realidad. Pero, aunque no establezcan los verdaderos indicadores, la calamidad sanitaria se observa a simple vista y es sentida por todos los habitantes. Hace un mes los militares que resguardaban las calles, desde que se promulgó el encapsulamiento, fueron testigos silenciosos de tal eventualidad. No querían alarmar, pero tenían conocimiento que existían 250 contagiados, entre los confirmados y los que las familias ocultaban en sus casas. El director del Sedes en su informe diario no mencionaba los casos positivos de SIV. Hoy se estima que registra un elevado porcentaje de letalidad que, de prolongarse tal situación, una gran parte de los pobladores estará contaminado. La tasa o índice de letalidad se refiere al cociente de fallecimientos en relación a las personas contagiadas, cuyo resultado se suele multiplicar por cien para mostrar el porcentaje. Conocer la tasa de letalidad real es un reto para SIV ante las dificultades para tener un registro fiable pues escasean los tests para el diagnóstico.
Los pobladores se sienten desconcertados. Ven el virus amenazante por todos lados, por lo que evitan hablar del impacto de la pandemia. Sin embargo, ha corrido el rumor que un gran porcentaje de la población prepara sus “tapeques” para trasladarse con sus respectivas familias a vivir a sus fincas, ranchos, haciendas o predios rurales, considerando que SIV registra una economía productiva ganadera.
Para no cundir el pánico en la población nadie habla de un porcentaje exacto de los afectados. El personal sanitario no informa sobre los fallecidos, sobre la bioseguridad escasa, del único mameluco y del barbijo desgastado por el intenso trabajo que realizan en largas horas negras en las que lamentan la muerte -de amigos y conocidos- así como la pérdida de sus colegas.
Los héroes de blanco de SIV sufren porque sus peticiones no son atendidas, no pueden comprarse otro traje de bioseguridad porque no son sujetos de crédito. Y, más que una queja, enfatizan que están cansados de que su magro sueldo llegue tardío y con un absurdo descuento económico para beneficiar al partido político gobernante.
A pesar de tanta calamidad prometieron servir al pueblo aunque sea con un simple barbijo deteriorado. Reafirmaron que permanecerán firmes en esta cruzada. Dijeron que servirán sin límite y sin descanso para que la peste no vuelva a diezmar a un pueblo hermoso, como aconteció en los años cincuenta, cuando la viruela redujo a la población con muchas muertes. ¡Vamos a exponer nuestra salud por el derecho humano que tienen los ignacianos!
¡Pueblo querido, seguiremos adelante! ¡Lucharemos para lograr que la prueba rápida del Covid.19 sea gratis! ¡No permitiremos que la tragedia de San Ignacio de Velasco sea politizada! ¡Atenderemos a los pacientes sin discriminación y con sentimiento humanitario!, formularon quienes sufren las alteraciones negativas de un sistema de salud en decadencia.