Por Walter Javier Arrázola Mendívil, abogado.
Cuando todos los países buscan incentivar las transacciones y libre mercado por internet (compra y venta), además de formalizar la economía a través de la banca, en Bolivia el Gobierno incentiva todo lo contrario. Es decir, que no haya formalismo ni en el banca ni en la informática.
El gobierno, al tratar de cobrar impuestos por el uso de aplicaciones, Netflix, etc., lo que va a ocasionar es que la gente pida a un “amigo” o “intermediario” en el exterior, que compre tarjetas de accesos por año (caso de Netflix) o le pase la clave del acceso a ciertos productos (programas, apps, Netflix, etc.).
Costo/Beneficio, en vez de pagar un impuesto se pagará a alguien un plus, que será menos que el propio impuesto. El Estado recaudará menos y nosotros tendremos menos transacciones por internet en el país.
Resultado, los costos adicionales (impuestos, en este caso, será en realidad la ganancia del residente, amigo o intermediario en el extranjero) para acceder al producto.
El costo lo seguirá asumiendo el usuario, el mismo que subirá pero no ingresará al Estado como pretende el gobierno, en un porcentaje elevado, sino al bolsillo del intermediario.
Habrán incentivos para el informalismo informático o contrabando de claves de accesos a productos.
Los jóvenes que consumen estos productos o que los producen (Cochabamba, El Alto y Santa Cruz), estarán incentivados a migrar sus proyectos informáticos (Uruguay o Paraguay cerca) o crear empresas virtuales en otros países y operar desde allí (EE.UU, Europa, etc.).
La creación de empresas en otros países es una realidad, conozco jóvenes emprendedores que ya lo han hecho, y desde Bolivia están operando, pero para clientes extranjeros que les pagan los servicios brindados en el país de residencia de la empresa.
WIN / WIN.