De mal en peor. Así van las áreas protegidas y los parques nacionales del país. Y así es, no precisamente por culpa de la propia naturaleza, sino fundamentalmente por la acción de los humanos llamados a preservar esas áreas y esos parques. Es lo que estamos viviendo otra vez en Bolivia, tal como se han encargado de alertar una decena de organizaciones de profesionales del área y otras de defensa de recursos naturales y del medioambiente.
La voz de alerta esta vez es por el despido de al menos ocho responsables de similar número de parques y áreas nacionales de protección, por disposición del nuevo director del Sernap, Teodoro Mamani Ibarra, en poco más de un mes. Posesionado en el cargo el 20 de noviembre pasado, Mamani comenzó los despidos dos semanas después y no ha parado hasta hoy. Solo en las últimas horas, despidió a cinco jefes de protección.
“Ah, pero siempre ha sido así…”, dirán muchos. A cada cambio de gobierno, lo primero que hacen los que asumen el mando es despedir sobre todo a quienes ocupan cargos de jerarquía, para reemplazarlos por los militantes del partido oficialista. Pésima práctica o más bien maña política, sin duda, que no justifica sin embargo lo que está pasando hoy en el Sernap, por una razón simple, entre muchas: la mayoría de los despedidos dice haber llegado al cargo por concurso público y respaldado por una trayectoria profesional idónea para el cumplimiento de las tareas especializadas que demandan los parques nacionales.
Es más. En el grupo de los despedidos entre diciembre pasado y lo que va de enero, hay más de uno que se destacó en sus funciones por haber librado duras batallas, sobre todo los dos últimos años, tanto contra los incendios forestales que afectaron a muchas áreas y parques nacionales, como contra los asentamientos ilegales alentados incluso desde el propio poder central, extremo comprobado en la crisis ambiental de 2019. Lejos de un memorándum de despido, estos merecían un reconocimiento especial. No lo tuvieron.
Estamos hablando de verdaderas batallas contra enemigos numerosos y poderosos, entre los que destacan por la violencia los que viven del narcotráfico y de la explotación ilegal de madera en las áreas y parques nacionales. El caso ya expuesto varias veces del Parque Nacional Noel Kempff Mercado es apenas uno entre muchos, en los que hay que incluir lo ya visto y denunciado en los parques Amboró, Tipnis, Carrasco, Tunari e Isiboro-Sécure. Es decir, no se trata de peguitas cualquiera, sino de cargos con responsabilidad redoblada.
Por eso preocupa, como antecedente de esta alerta por los despidos ya mencionados, la decisión política del Gobierno, representado por el ministro de Medio Ambiente y Aguas, de haber posesionado en la dirección del Sernap a un militante partidario cuya trayectoria nada tiene que ver con la protección de las áreas y parques nacionales. Ya no se trata solo del respaldo de una formación profesional especializada en el área, sino de la ausencia de una visión comprometida con esa protección. Hay, al menos, un conflicto de intereses.
Un conflicto de intereses entre la visión y apuesta de los sectores sociales identificados como aliados por el nuevo director del Sernap (viene de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia y hace cuestión de contar a la Federación de las Mujeres Bartolina Sisa entre sus puntales), y la que sostienen y defienden los profesionales y trabajadores medioambientales. Un conflicto que va más allá de un par de nombres y que entra incluso en contradicción con lo que manda la Constitución Política del Estado y leyes del área.
En este momento, ese conflicto se expresa a través del despido de los directores de los parques nacionales Noel Kempff, Tipnis, Otuquis y Amboró, del director del Área Nacional Manejo Integral San Matías, y de los jefes de Protección de los parques nacionales Tunari, Madidi, Apolobamba y Carrasco, además de otros tres cambios realizados ya el 4 del mes pasado en Tarija, cuando Mamani posesionó a nuevos responsables del Parque Nacional de la Serranía Aguaragüe, de la Reserva Biológica Cordillera de Sama y de la Reserva Nacional Flora y Fauna Tariquia.
El descargo del Sernap se resume a un comunicado en el que dice que el personal “es elegido en consenso y por méritos obtenidos mediante ternas propuestas y en coordinación con representantes sociales de cada área protegida (pueblos indígenas originarios campesinos interculturales y afrodescendientes)”. Un descargo insuficiente, que no disipa dudas ni el temor a que el Sernap pase nomás a ser un Servicio Nacional de Áreas Desprotegidas.