- “La vida de la ex-presidente Jeanine Añez está en peligro”, insiste en afirmar su abogado Jorge Valda, al detallar la presión psicológica que sufre en la cárcel. Anticipa una acción interinstitucional con varios organismos que trabajan en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, en defensa de alrededor de 45 “presos políticos y otros 250 perseguidos políticos cuya libertad está en riesgo”.
Ante el rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para otorgar medidas cautelares a favor de la ex-presidente de Bolivia, Jeanine Añez, su familia y los abogados que asumieron su defensa han decidido recurrir a otros tribunales internacionales, anunció el abogado Jorge Valda. Específicamente, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La CIDH dio a conocer oficialmente al gobierno de Bolivia, mediante carta fechada el 8 de octubre y firmada por su secretaria ejecutiva Tania Reneaum, su dictamen adverso a la petición de Añez. Según la nota, “…teniendo en cuenta la información remitida a la CIDH por ambas partes, el expediente correspondiente a la presente solicitud de medidas cautelares fue oportunamente cerrado”.
La defensa de la ex-presidente Añez presentó a la CIDH, mediante nota enviada el 27 de agosto pasado, una demanda de medidas cautelares, mismas que se dan “cuando una persona está en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable”, de acuerdo a lo establecido y detallado en el Reglamento de la CIDH. Lo hizo luego de que Añez intentara quitarse la vida en el penal, tal como lo informaron en su momento familiares, abogados y médicos de la ex-mandataria.
El 31 de agosto, la CIDH notifica del hecho al canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, y le da un plazo perentorio para que responda y aporte su descargo. El 10 de septiembre se da esa repuesta a través del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, que pide a la CIDH declarar inadmisible el pedido de medidas cautelares a favor de Añez. Es lo que finalmente hace la CIDH, confirmando el cierre del pedido mediante la nota ya citada. El gobierno boliviano celebró la decisión, mientras que la defensa de Añez la calificó de un revés para la defensa de los Derechos Humanos.
“Lastimosamente, el componente ideológico ha pesado más que el criterio de objetividad”, dice el abogado Valda, para quien la decisión de la CIDH “es muy grave”, contribuye a generar información falsa y, peor aun, deja en mayor indefensión a la ex-presidente Añez, a la que “el actual régimen está condenado a muerte” y a la que el actual presidente Luis Arce “ya sentenció, al afirmar que seguirá detenida hasta ser condenada por la muertes de Senkata y Sacaba”, un extremo que “no es real”.
Valda recordó que la ex-presidente está sometida a dos juicios, uno por supuesto terrorismo “porque asumió la Presidencia tras el vacío de poder dejado” por Evo Morales y sus inmediatos colaboradores, los ex-vicepresidentes del Ejecutivo y Legislativo, así como también los ex-presidentes de ambas cámaras; y el otro, derivado del primero, por supuesto incumplimiento de deberes. A esos se suman otros dos procesos por vía ordinaria, más otros siete que están pendientes de aprobación en la ALP, incluso con pliegos ya presentados al Ministerio Público.
Todo esto, marcado por graves vicios de nulidad ya que, en todo caso, si hubiera alguna denuncia en contra de Añez, debería procederse de acuerdo a lo que manda la CPE y las leyes para los presidentes: juicio de responsabilidades, aprobado por dos tercios de la ALP. Eso no se ha dado, recuerda Valda, al recordar la seguidilla de otras violaciones cometidas en contra de la ex-presidente, como es el de la detención preventiva “que se prolonga por más de seis meses, contrario a lo que ordena la ley”.
Valda dice que llama la atención que la CIDH no hubiera valorado las pruebas aportadas por la defensa de Añez al demandar medidas cautelares. Hoy mismo, asegura, la ex-presidente continúa siendo sometida a una presión psicológica constante. Dice que la despiertan varias veces en la madrugada, con un pretexto u otro; no le permiten sostener reuniones privadas con sus abogados, ni consultas privadas con sus médicos; la obligan a mantener sus audiencias judiciales en el pasillo, sin las mínimas condiciones; y le restringen sus reuniones con sus abogados, a uno por vez. “La vida de la ex-presidente Añez está en peligro… la cuenta regresiva está en curso”, insiste Valda.
Dada la gravedad de la situación y ante el rechazo de la CIDH para otorgarle medidas cautelares, la defensa recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero no solo eso. Valda anuncia también una acción que va más allá del caso de la ex-presidente y de esta demanda específica de medidas cautelares. Se trata de otra acción a ser tomada por varias organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, entre ellas APDHB, para pedir la libertad de alrededor de 45 presos políticos y el cese de persecución política a más de 250 bolivianos que hoy corren riesgo de perder su libertad.
Los invitamos a escuchar íntegramente la conversación sostenida este lunes 11 de octubre con Jorge Valda, abogado defensor de la ex-presidente Jeanine Añez.