A la Comunidad Internacional, desde Bolivia:
DENUNCIA PUBLICA INTERNACIONAL ANTE EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS (C.A.T.) DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAD (ONU)
La historia del heroico pueblo potosino se ha visto manchada por el abuso, los maltratos y la clara y sistemática violación a los Derechos Fundamentales. Potosí no tiene nada que celebrar respecto al Día Internacional de los Derechos Humanos. Hoy, 10 de diciembre fecha en la que se conmemora la firma de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos de 1948 terminada la segunda Guerra Mundial, en repudio al genocidio que se vivió en aquél entonces. En Bolivia, el valeroso pueblo potosino yace sometido por la dictadura en Bolivia. La noche del 09 de diciembre de 2021 ha comenzado a escribirse, en Potosí, una de las páginas más negras que quedarán marcadas en la ignominia, no solamente de este valiente y heroico pueblo, sino también en las memorias históricas de la injusticia de toda Bolivia.
Los actos que han violentado los derechos fundamentales que hoy se denuncian, se han consumado en horas de la noche cuando la Constitución, la Ley sustantiva penal y los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos lo prohíben. Sicarios policiales y judiciales del régimen han violentado domicilios de particulares, como lo es la sede del Comité Cívico Potosina (CONCIPO). Hecho en el que dos inocentes personas que se encontraban en el inmueble fueron ultrajadas, sometidas desproporcionalmente a la fuerza y secuestradas sin destino conocido, con las finalidades de perseguir, intimidar, causar zozobra en toda la población potosina, allanar ilegal y violentamente cada una de las oficinas, dependencias y hasta en los domicilios particulares de los habitantes del inmueble.
Dichos actos se llegaron a conocer gracias a la heroica labor de jóvenes periodistas cuyo material videográfico acompañamos en calidad de prueba junto con todos los elementos que respaldan la denuncia internacional de VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, de consolidación de una dictadura, por haber trasladado a más de 1.500 funcionarios policiales de distintos departamentos y alejadas regiones tan solo para ejecutar la persecución judicial que pretende llevar adelante la Policía por órdenes por su Máxima Autoridad Ejecutiva, ilegalmente constituida, que es el Ministro de Gobierno. Quienes junto con el Ministerio Publico y el Órgano de Justicia operan como brazos opresores de los Derechos Humanos.
Con una justicia secuestrada y respondiendo a las presiones y exigencias del Gobierno dictatorial se ha librado ilegales mandamientos de allanamiento y de aprehensión: En contra del ciudadano, ex Presidente cívico, Sr. Marco Pumari, que asumió la medida de presión del “paro movilizado” al igual que en el resto de los 9 departamentos en Bolivia, en su calidad de ciudadano y dirigente cívico; en contra del secretario de conflictos y movilizaciones, Sr. Ramiro Subia; en contra del actual Presidente de CONCIPO, Sr. Juan Carlos Manuel Huallpa. Toda esta violenta movilización policial represiva en contra de la dirigencia y ciudadanía potosina, que claramente configura actividad procesal defectuosa, son el castigo político por tan solo haber exigido la abrogación de la inconstitucional Ley 1386 que finalmente la Asamblea Legislativa llegó a abrogar, reconociendo su garrafal error, mal cálculo político e ignorancia jurídica.
Estos violentos hechos constituyen un nuevo montaje procesal (como los ya vividos entre 2008 y 2009) para la persecución, secuestro y ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos bolivianos. La aprehensión ejecutada con brutalidad en contra del Sr. Marco Pumari quien ha sido vilmente torturado por efectivos policiales al momento de ser forzadamente extraído de su vehículo (mismo que fue dejado en vía publica en la ciudad de Potosí con la llave adentro y con claras muestras de haber sido forzado en su apertura). Y por si esto fuera poco, al presente se desconoce el paradero del Sr. Pumari que ha sido secuestrado por la dictadura y también se desconoce si este ciudadano sigue con vida.
La policía también ha detenido, ha sometido y ha torturado a familiares, como el Sr. Javier Subia, hermano de Ramiro Subia creyendo que era él. A quien golpearon y secuestraron, trasladándolo de un lugar a otro manteniéndolo incomunicado, sin que su familia o su abogado pudieran saber si aún se encontraba con vida. Evidenciándose secuelas de la brutal golpiza en el rostro, en el cuerpo del Sr. Subia, gracias a los registros videográficos elaborados por el Sr. Ervin Valda, periodista independiente; que además de esa filmación logró capturar cada uno de los momentos de mayor violencia que han sufrido ciudadanos en la historia de Potosí. Paradójicamente estos hechos de represión suceden cinco días después de que la Comisión Contra la Tortura del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas denunciara que en Bolivia se comenten torturas, aprisionamientos políticos, sistemáticas vejaciones. Contrariamente a todas sus recomendaciones, la fatídica noche de ayer 09 de diciembre y hoy 10 de diciembre de 2021, se persigue, se tortura, se secuestra y amenaza de ejecutar extrajudicialmente a dirigentes cívicos de Potosí y ciudadanía en general, se allanan ilegalmente domicilios y el mismo Comité Cívico Potosinista habiendo trasladado más de 1.500 funcionarios policiales para amedrentar y reprimir a un pueblo indefenso frente a tanta arbitrariedad, violencia y abuso de parte del Estado y su arma letal LA JUSTICIA.
La prueba más clara es lo ocurrido hace exactamente unas horas, la violación de los derechos, la vejación, la incomunicación, la persecución política, la amenaza de ejecutar extrajudicialmente a la ciudadanía, que se ejerce con la sicarios policiales y judiciales, el maltrato físico y psicológico a la cual son sometidas las víctimas y sus familias, merecen que la Comunidad Internacional se pronuncie y trasmita indignación. Empero, los meros pronunciamientos no serán suficientes ante una decadente narcoDictadura comunista que al igual que Cuba, Nicaragua y Venezuela, también han formado en Bolivia milicias armadas y las tienen en los 9 departamentos. Por lo cual EL PUEBLO BOLIVIANO CORRE PELIGRO, y las pruebas se acompañan -en tiempo y forma- en más de 200 folios donde se acredita materialmente cada uno de los elementos fácticos demostrados de los sistemáticos ataques de las narcomilicias en Bolivia, registrados en los violentos hechos de ADEPCOCA, Las Londras, Villatunari, Montero, Vila Vila, Betanzos, Yapacani, ahora Potosí, entre otros. Por tanto, considerando la magnitud de esta denuncia y mereciendo razón de urgencia impetramos que de inmediato se remita la presente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para que este ente deliberativo y pacificador del orden mundial asuma las acciones legales pertinentes, para no dejar en desprotección al pueblo boliviano, sentando constancia que nuestra defensa por los Derechos Fundamentales en todo momento y bajo toda circunstancia se hizo y hará de forma pacífica. Lo que no significa que nos quedaremos sosegados cuando han arremetido violentamente contra la tranquilidad de todo el pueblo y contra la dignidad de toda una Nación.
Bolivia, 10 de diciembre 2021
