Política

José Luis Santistevan: “La Ley 342 viola las autonomías, pone en riesgo el Censo de Población y pulveriza el Pacto Fiscal”

  • El constitucionalista José Luis Santistevan califica a la Ley 342 como un elemento más que acelera el proceso devastador de desinstitucionalización del Estado. Y coincide con lo ya dicho antes por el también constitucionalista Juan Carlos Urenda: “No existen autonomías en Bolivia”.

Una ley más y ¿ya van cuántas? aprobadas por el MAS en la Asamblea Legislativa como parte de un proceso re-centralizador de recursos y competencias autonómicas que llevan a afirmar, sin temor a equívocos, que no existe autonomía en Bolivia, dice ahora el abogado constitucionalista José Luis Santistevan al referirse a la Ley 342 “Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025” aprobada hace pocos días en la ALP, con el voto mayoritario de la bancada oficialista.

Santistevan hace también esta afirmación en su condición de secretario municipal de Fortalecimiento Institucional y Autonomías de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra, parafraseando lo ya dicho antes por el abogado constitucionalista Juan Carlos Urenda. Santistevan incluye en la lista de leyes re-centralizadoras, entre otras, a las siguientes: la 650, que contiene la llamada Agenda Patriótica; la 777, que refiere el Sistema de Planificación Integral del Estado, SPIE; al menos otras cuatro leyes sobre competencias y obligaciones en el área de Salud; y esta última, la 342, tan o aun más nefasta que las anteriores en materia autonómica.

Es una ley más para alimentar y profundizar el proceso devastador al que está siendo sometida la institucionalidad del Estado, dice aun Santistevan en la conversación sostenida con nosotros este martes 9 de noviembre. Devastador y anticonstitucional, remarca, al detallar cada artículo contenido en la Ley 342 que viola lo establecido por la Constitución Política del Estado. “La Ley 342 simplemente se ha tragado 23 competencias autonómicas, 16 de ellas concurrentes y siete compartidas”, dice al observar con preocupación el carácter “obligatorio y coercitivo” de una ley claramente inconstitucional y violatoria de las autonomías.

No es que atente “apenas” contra las autonomías de los gobiernos locales, departamentales, regionales, además de la autonomía universitaria y de las autonomías de los poderes Judicial y Electoral, de la que debe gozar el TCP y otras entidades del Estado. En el caso municipal, destaca Santistevan, la Ley 342 pone en riesgo la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda y pulveriza de entrada el Pacto Fiscal, ambas tareas centrales a ser ejecutadas en plazos perentorios.

La Ley 342 pretende tener el control absoluto sobre las competencias de los gobiernos autónomos para definir sus presupuestos, la planificación de sus obras y desarrollo, incluso para la captación de recursos y donaciones de libre disponibilidad. Según esa ley, todo debe estar encuadrado en lo que planifique y defina el gobierno central. Y ojo, acota Santistevan, ya hay una serie de disposiciones centralistas que han ido confiscando recursos de los gobiernos autónomos y cercenando competencias.

“Actualmente, al menos dos tercios de lo que perciben los municipios por IDH se van a solventar competencias del nivel central, y no es correcto. Competencias como Renta Dignidad, exploración de hidrocarburos, seguridad ciudadana, por citar algunas”, detalla Santistevan. Eso sin contar que hasta la fecha no se ha hecho el ajuste necesario en lo que respecta a la distribución o coparticipación tributaria según población. En el caso de Santa Cruz, el nivel central arrastra una deuda al no actualizar datos y cifras, dejando fuera de cálculo en coparticipación a más de 600 mil habitantes.

Santistevan asegura que el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra insistirá en frenar la Ley 342, una posición que debería ser unánime en todas las entidades autónomas y poderes independientes. De hecho, dice, ya enviaron al presidente Luis Arce una carta instándolo a no promulgar la ley. El Municipio cruceño ya presentó su Presupuesto 2022 al nivel central, cumpliendo los plazos establecidos por ley, y bajo el mandato que le da la Constitución.

Vale la pena escuchar íntegramente lo dicho por Santistevan en esta conversación. Aquí cuestionamos también porqué el alcalde Johnny Fernández no ha salido a hablar y fijar posición sobre este tema, con la firmeza que lo ha hecho hoy el secretario de Fortalecimiento Institucional y Autonomías del gobierno local cruceño, a lo que Santistevan respondió que él es el experto en el tema y no el alcalde, pero que éste sí ha demostrado su determinación y firmeza en la defensa de la autonomía municipal, al crear una secretaría específicamente para encarar esa tarea.