Pobre Bolivia, atacada no solo por el COVID-19, sino también por los virus de la violencia política y el oportunismo partidario.
Para los que creyeron que la huida de Morales significaba su fin y el del MAS, aquí están dos ejemplos fresquitos que corroboran por enésima vez cuán equivocados estaban: la violencia registrada en Entre Ríos contra equipos de prensa de EL DEBER y de Unitel; y el proyecto de ley aprobado en el Senado para controlar la acción del gobierno, de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
Lo ocurrido hoy en Entre Ríos no es un hecho fortuito o excepcional. Es la marca de la violencia política alimentada por el MAS desde antes de llegar al Gobierno en 2006. Una marca que no se borrará en un par de meses. Por el contrario, es una marca que sigue profundizándose, porque las cúpulas del MAS continúan tan activas como antes. Tanto afuera de Bolivia, como es el caso de Morales en Buenos Aires, y como dentro del país, no solo en su bastión Chapare, sino en la mismísima Asamblea Legislativa, en la estructura del Ejecutivo y de los otros poderes del Estado.
Lo mismo se puede decir respecto a la ALP, donde a diario hay arengas tan violentas como las oídas en Entre Ríos y, peor aun, cocinada de leyes hechas a medida de los apetitos de poder nunca satisfechos en la cúpula masista, como la del último proyecto de ley referido a los estados de excepción. No es el único. La misma ley que fija nuevas elecciones generales para el 6 de septiembre es parte de ese menú masista, al que no logran sucumbir los llamados opositores al MAS, hoy parte del gobierno de transición.
Sin novedades en el frente de batalla
¿Alguna novedad en todo esto? Ninguna, y esta constatación es la más preocupante. Preocupa seguir viendo día a día cómo los actores políticos continúan jugando el juego de poder del MAS. Cómo no son capaces de reaccionar y retomar el camino truncado de la reconducción democrática del país. Y más grave aun: hoy ya no tienen excusa alguna para decir que han sido sorprendidos en su “buena Fe”.
Antes de las fraudulentas elecciones generales del 20 de octubre estaba claro que el MAS de Morales estaba dispuesto a matar con tal de perpetuarse en el poder. Lo corroboró después del 20 de octubre, incluso durante los durísimos primeros días de noviembre -con gritos de guerra civil, sabotajes y quema de viviendas- y después de constituido el gobierno de transición.
Es difícil creer que algún político opositor al MAS no hubiera aprendido las lecciones dejadas a lo largo de 14 años de régimen masista y las otras que dejó la crisis de octubre y que se arrastró hasta diciembre. Cuesta creer que el gobierno de Jeanine Añez no se hubiera percatado que nada estaba resuelto del todo, que había una estructura poderosa y en gran parte delincuencial montada por el MAS en todo esos años, a la que tendría que enfrentar y tratar de desmontar poco a poco.
Difícil creer que no supieran, Añez y compañía, que era una tarea de largo aliento a la que tendrían que dedicarle cada minuto de su tiempo. Una tarea que los obligaba a mantener a su favor la mayor cohesión de fuerzas posibles, políticas, cívicas y de seguridad. Una cohesión solo factible si el gobierno de Añez mantenía su principal compromiso con Bolivia y la democracia, sin caer en la tentación de aprovecharse de la coyuntura para sacar rédito partidario.
Una imprudencia que costará caro
Lamentablemente, pudo más la tentación partidaria y el interés de las nuevas cúpulas de un poder enclenque, que el interés nacional. Y Añez cedió a la tentación de ser candidata, repitiendo el pecado censurado en Morales, de ser eso y presidente a la vez. Peor aun, cometiendo la imprudencia de echar por la borda la oportunidad histórica de iniciar un verdadero proceso de reconducción democrática del país.
Un proceso que debió comenzar por el de asegurar el enjuiciamiento de la cúpula del MAS, autora intelectual del fraude electoral del 20 de octubre del año pasado; y luego, por iniciar una profunda reestructuración del aparato estatal, solo posible para un presidente que no sea candidato a la vez. Es decir, capaz de actuar con firmeza, sin negociar principios y metas según los cálculos electorales tan comunes en los que disputan el voto popular.
Los cálculos electorales no solo están marcando la gestión de Añez, y de manera negativa. También están influyendo peligrosamente en el nuevo proceso electoral, con decisiones del Tribunal Supremo Electoral cuestionadas, como la de ceder a la presión del MAS (a la que se suman Comunidad Ciudadana con Carlos Mesa y Líder-21 con Tuto Quiroga) para fijar como fecha definitiva de los comicios el 6 de septiembre próximo. Nada menos que a pocas semanas de lo que se considera será el punto más crítico de la curva que sigue la pandemia del COVID-19 en Bolivia, señalado para la segunda quincena de julio.
Con las voces embargadas
¿Qué puede decir la presidenta candidata frente a una coyuntura electoral tan compleja? Nada. Está con las voces embargadas, como la misma Añez acaba de reconocer: si recusa la decisión del TSE de hacer las elecciones el 6 de septiembre, la critican por querer prorrogarse en el poder; si la acepta, la señalan como contraria a la defensa de la vida de los bolivianos. Bueno, así es porque ella decidió seguir un camino completamente contrario al mandato que le fue conferido en noviembre, cuando asumió la presidencia.
Pero el gran problema no es el que afectará al gobierno e incluso a la propia carrera política de Añez. El problema mayor golpeará a los bolivianos, arrastrados a unas elecciones marcadas por reglas confusas y candidatos que deberían estar sentados en el banquillo de los acusados, rindiendo cuenta de sus delitos frente a un tribunal de justicia. Un proceso que expondrá a los ciudadanos a un peligro de salud que está lejos de ser combatido y anulado, como es el del nuevo coronavirus, pero que afectará también a los candidatos que no son oficialistas, ni masistas.
Y todo por no haber sido capaces de aprender las durísimas lecciones dejadas por el MAS en sus largos 14 años de gobierno e incluso después de la caída y huida de Morales. Vamos a ir a nuevas elecciones sin haber pasado a limpio el fraude electoral del año pasado, sin haber iniciado proceso a los autores intelectuales y materiales del mismo, sin haber saneado el padrón electoral retorcido, hechura del MAS, y sin haber corregido las enormes asimetrías impuestas en la representación parlamentaria. Y sin haber logrado desarmar a los violentos movimientos sociales masistas, que continúan atacando con total impunidad, como lo visto esta mañana de jueves en Entre Ríos.
Pobre Bolivia, atacada por tantos virus
No, reitero: el ataque en Entre Ríos a periodistas de EL DEBER y de Unitel, que se habían trasladado hasta el lugar para cubrir el inicio del encapsulamiento del municipio para tratar de controlar el agresivo contagio del COVID-19, no es casual, ni una novedad y menos un hecho aislado. Es apenas una muestra más de que continúa latente la amenaza a la estabilidad y reconducción democrática del país, no solo por mérito propio del MAS, sino también por la complicidad, connivencia y oportunismo de quienes se llenan la boca diciendo ser contrarios al masismo.
Pobre Bolivia, golpeada no solo por el COVID-19, sino por otros virus tanto o más letales que este, como es el virus de la violencia política, alimentada desde la cúpula del MAS con el consentimiento de quienes deberían combatirla (y que parece haber hecho escuela entre políticos de otras fuerzas partidarias), y el virus del oportunismo partidario, practicado con entusiasmo y sin rubor por varios actores que hoy están también en carrera electoral.
Santa Cruz de la Sierra, 11 de junio de 2020.